Unidos Podemos votará en contra del real decreto sobre alquileres que el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha defendido este martes en una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados. "Vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que pactamos con el presidente del Gobierno", ha avanzado Irene Montero, portavoz de la formación, a su entrada al pleno, y luego lo ha confirmado durante el debate la diputada Lucía Martín. El decreto no saldrá adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos, Podemos y Bildu. Solo respaldan esas reformas PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV, que pedían su tramitación luego como proyecto de ley para incluir correcciones.
El grupo confederal negoció con el Ejecutivo hasta las siete de la tarde del lunes incluir en el real decreto que los ayuntamientos puedan controlar los precios del alquiler en las zonas tensionadas de las ciudades. Fuentes de En Comú Podem, el partido responsable de la negociación con la diputada Lucía Martín a la cabeza, aseguran que las propuestas planteadas por el Gobierno "no fueron suficientes" para garantizar el acuerdo al que llegar el pasado octubre. "Algunos puntos se desdibujaban, otros se olvidan", dicen respecto al control de precios.
El ministro Ábalos y más tarde la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, reclamaron responsabilidad a Podemos para demandar hasta el final su voto y lograr la reforma de la ley de vivienda en vigor desde 2013 que no ha conseguido desmontar la burbuja en el mercado de alquiler ni evitar el incremento de desahucios.
Adriana Lastra, además, diferenció esa posición de Podemos sobre ese decreto del pacto suscrito para el proyecto de presupuestos, ahora en fase de negociación con otros partidos. "Son dos cosas distintas", comentó y lamentó sobre el decaimiento de la reforma de la regulación de los alquileres como una "la mala noticia para los seis millones de personas que viven de alquiler en España". El PSOE avanzó que seguirá negociando con Podemos y que podría presentar otro real decreto en breve, incluso en unas semanas. Lastra avisó a Podemos sobre la evidencia de que para sacar adelante determinados reales decretos se necesitan más votos que los de la formación morada, hablar con más partidos y por tanto son obligadas algunas cesiones.
Unidos Podemos adelantó que también rechazarán el texto del Gobierno cuando comience su tramitación como proyecto de ley en una segunda votación abierta a enmiendas. En este segundo trámite, el PP y Ciudadanos pueden recurrir al bloqueo por tener mayoría en la Mesa del Congreso. La formación liderada por Pablo Iglesias sí apoyará el real decreto hoy que sube las pensiones generales el 1,6 %, y el 3 % las mínimas y no contributivas.
El Gobierno socialista sigue sin tener ninguna garantía de que los decretos que aprueba en el Consejo de Ministros vayan a ser una realidad ya que obligatoriamente tienen que ser convalidados antes de un mes en el Congreso.
El ejecutivo de Sánchez ha utilizado en estos meses ese procedimiento excepcional y urgente ya en 18 ocasiones con éxito pero si se mantiene la postura anunciada por Montero hoy podría sufrir un revolcón político que pondría en evidencia su precariedad (solo 84 diputados) al albur de que los grupos nacionalistas y Unidos Podemos le apoyen.
El decreto ha sido duramente criticado por Podemos porque no contempla una regulación en los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, la definición de vivienda vacía o un preaviso de seis meses en el contrato de arrendamiento.
El Ejecutivo no tiraba ayer la toalla, aunque sabía que tiene difícil convencer a Podemos y ERC antes de la votación, prevista para la tarde de este martes. Si la votación es negativa el decreto no entrará en vigor.
Rafael Mayoral, portavoz de Podemos, ratificó este lunes la oposición de su grupo porque entiende que el decreto no se corresponde con el acuerdo adoptado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En el texto planteado hay medidas que facilitan más seguridad para los inquilinos, se amplía el plazo de prórroga de los contratos a cinco años, pero no se especifican detalles sobre posibles topes para las rentas.
Desde el Gobierno se argumenta que no es ni jurídica ni constitucionalmente fácil intervenir en los precios de los alquileres a los particulares. No obstante, desde el Ministerio de Fomento se buscan fórmulas paliativas de tipo fiscal para atacar la actual burbuja y desincentivar el afán de los propietarios de elevar desmesuradamente los precios de los alquileres.
Como fórmula para seguir negociando el Gobierno propone que hoy, tras la convalidación del decreto, se produzca otra votación para que se tramite este decreto como proyecto de ley de manera que se haga posible la introducción de enmiendas. Esa opción, que respaldarían PNV, PDeCAT y Ciudadanos, no convence de entrada a Podemos ya que los plazos de ese trámite pueden alargarse mucho por la capacidad que tendrían los grupos para dilatar todo el procedimiento. Tanto el PP como Ciudadanos no están de acuerdo con este decreto por lo que esa prevención de Podemos está justificada.
Desde el Gobierno se ha tanteado el apoyo o la abstención del PP o Ciudadanos, pero sin éxito. El partido de Albert Rivera rechaza de plano elevar la duración de los alquileres o rebajar las fianzas porque ello llevaría a “reducir la oferta al poner más trabas a los propietarios”, apuntan fuentes oficiales. Cs acusa al actual y al anterior Gobierno de dejación de funciones al delegar la delimitación del alquiler turístico en manos de las comunidades autónomas en vez de que exista una regulación estatal.
No habrá tantos problemas para el gobierno en la aprobación del alza de las pensiones por encima de la inflación prevista para 2019. Un 1,6% se establecerá como norma general y un 3% para las mínimas y no contributivas. Durante los seis primeros meses de 2019 el Gobierno deberá establecer un mecanismo de revalorización, pactado con sindicatos y empresarios y con los grupos parlamentarios a través del Pacto de Toledo. “Hoy se pone fin al periodo de merma de poder adquisitivo de las pensiones”, dijo Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de diciembre en el que se aprobó esa medida. No obstante, la subida de las pensiones fue un compromiso que también alcanzó hace casi un año el ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV.
Tampoco habrá dificultad para que el Congreso convalide la subida del sueldo de los funcionarios. Para este año tal alza será como mínimo del 2,25%, pero se le sumará un 0,25% más vinculado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Ese 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. Los suplementos no están garantizados ya que tienen que ver con el propio crecimiento de la economía. Estos aumentos serán reivindicados también por el PP como propios ya que los negoció su ministro de Hacienda, Critóbal Montoro.
Unas de las reivindicaciones que aún se negociaba a última hora del lunes era la de la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones, entre otras mejoras para ese sector. Podemos se ha erigido en portavoz de las demandas de esos empleados y en este caso sí aceptaba que el decreto, tras ser convalidado, se desarrolle más tarde como proyecto de ley para cerrar más tarde su negociación. La negativa del Gobierno a ese proceso sería inútil porque lo puede imponer la oposición.
El País.
