Esta normativa, que ya tiene el visto bueno del Congreso y está siendo analizada por el Senado, debía haberse puesto en marcha como muy tarde en el primer trimestre de 2016. Su contenido no solo busca dar mayor seguridad jurídica y transparencia a bancos y clientes, sino que también debe trasponer al ordenamiento jurídico español unas directrices comunitarias en materia de hipotecas.
Bruselas instó a todos los países de la UE a aprobar las nuevas reglas como muy tarde en marzo de 2016, lo que significa que llegará prácticamente con tres años de retraso, motivado por los cambios políticos (repetición de elecciones en 2016, retrasos en la formación del Gobierno de Mariano Rajoy, cambio de Gobierno tras la moción de censura de Pedro Sánchez...) De hecho, con Luis de Guindos todavía al frente del Ministerio de Economía, el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que no consiguió ponerse en marcha.
Fue en abril de 2017 cuando la Comisión Europea decidió denunciar a España ante el TJUE por los retrasos y reclamó una sanción de casi 106.000 euros diarios, lo que elevaría la multa total por encima de los 100 millones de euros. Ya el pasado verano volvió a lanzar una advertencia al Gobierno para pedirle que acelerara la aprobación.
Y esta denuncia será abordada ya por el Alto Tribunal. Lo habitual en estos casos es que pase un tiempo hasta que se dicte sentencia, que los expertos cifran entre dos y seis meses. No obstante, cabe la posibilidad de que España se libre de dicha multa o que finalmente pague una muy inferior, ya que todo apunta a que la nueva ley hipotecaria entrará en vigor antes de que se conozca la sentencia del TJUE, por lo que nuestro país podría instar a Bruselas a que retire la denuncia o reduzca el importe a pagar.
Entre las principales novedades del texto están que serán los bancos los que deben asumir los gastos ligados a la firma de la hipoteca (AJD, scritura, la gestoría y el arancel notarial), mientras que el cliente solo pagará la tasación de la casa y las copias del préstamo que solicite.
Además, se reducen las comisiones por amortización anticipada del préstamo (ya sea parcial o total, y sobre una hipoteca fija o variable), y se amplía el plazo de impago que justifica el embargo de una casa. También se prohíben los productos vinculados obligatorios (cuando el banco obliga al cliente a contratar un producto como condición para concederle la hipoteca), se prohíben las cláusulas abusivas y se obliga al cliente a acudir al notario antes del día de la firma del préstamo para garantizar que entiende todas y cada una de las condiciones y consecuencias. La normativa también facilitará el cambio de una hipoteca variable a una fija e impulsará las hipotecas verdes.
Cinco días.
